Esta mañana la organización México Justo anunció que enviará un Justometraje al Poder Judicial bajo la figura del amicus curiae con el objetivo de informar a las autoridades sobre las implicaciones del Acuerdo promovido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y contribuir en el proceso de toma de decisiones.
“Estamos ante un hito en la historia judicial (…) e inauguramos de manera formal el uso del amicus curiae por medios audiovisuales como una vía para democratizar la justicia”, señaló el abogado Alejandro Zeind.
De acuerdo con el sitio web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el amicus curiae o amigos de la corte, es un término que brinda a un tercero la posibilidad de promover voluntariamente una opinión técnica del caso o de aportar elementos jurídicamente trascendentes para la resolución.
En este caso, la organización lo hará mediante formato audiovisual con las opiniones de Casiopea Ramírez, Cynthia Bouchot, Jesús Alarcón, Horacio Montoya, Rosanety Barrios y Sergio Ampudia, quienes son expertos en el sector y consideran violatorio el Acuerdo.
Por su parte, Ricardo Mendoza, asesor jurídico de la asociación civil, indicó que esta acción se promueve para que los jueces tengan mayor conocimiento sobre el tema, ya que en muchas ocasiones no poseen los conocimientos necesarios sobre el tema, a pesar de pertenecer al sistema de impartación de justicia.
Mientras tanto, Casiopea Ramírez destacó que el conflicto de las energías renovables no comenzó el pasado 29 de abril con la emisión del Acuerdo, pues las modificaciones constantes a las reglas de operación del mercado van en contra de la Constitución y la Ley de la Industria Eléctrica.
“Esta modificación de las reglas sobre el mercado eléctrico no inició con el Acuerdo del Cenace, inició desde la cancelación de la subasta. Entonces, lo que estamos viendo es una modificación constante de las reglas secundarias del cómo debe operar nuestro mercado, mismas que van en contra de la Constitución y la Ley de la Industria Eléctrica”, puntualizó.
Finalmente, se estimó que el proceso jurídico sobre el tema puede tener una duración de seis meses a un año.
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