Miembros de las Asociaciones Mexicana de Energía Eólica (Amdee), Mexicana de Energía Solar (Asolmex), Mexicana de Energía Hidroeléctrica (Amexhidro) así como Cogenera México la Academia Mexicana de Derecho Energético rechazaron la modificación a los Lineamientos para el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia (CELs) oficializada ayer por la Secretaría de Energía (Sener) al tiempo de considerarla ‘inaceptable’.
“Los cambios contravienen principios básicos de la protección a las inversiones, amparados no sólo en el marco jurídico mexicano sino también en tratados internacionales (…) acudiremos ante las instancias competentes, nacionales e internacionales, para defender nuestros derechos”, sostuvieron en un comunicado en conjunto difundido esta tarde.
La molestia es respuesta a la actualización del Lineamiento 4, el cual establece quienes tienen derecho a recibir los CELs, considerando que éstos son el instrumento para promover la entrada en operación de nuevas Centrales Eléctricas Limpias.
Tras la modificación publicada el pasado 28 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el cual Comisión Federal de Electricidad (CFE) podrá emitir dichos certificados contemplando sus plantas hidroeléctricas, geotérmicas e incluso de generación nuclear construidas antes del 11 de agosto de 2014.
“Estas modificaciones implican que las Centrales Eléctricas Legadas Limpias (solo Centrales de CFE) recibirán CEL, independientemente de su fecha de entrada en operación o si realizaron algún proyecto de incremento de capacidad, lo que significa que CFE Suministrador de Servicio Básico recibirá una mayor cantidad de CEL correspondientes a los CEL de dichas Centrales Legadas”, explicó Edgar Alvarado, de Ombudsman Energía México a Energy 21.
Para las asociaciones de energía renovable, lo anterior implica un daño directo económico en los proyectos de inversión privada en desarrollo, construcción y operación.
En el caso de los empresarios integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el cambio altera de manera sustantiva el marco regulatorio del sector energético.
“Altera el trato equitativo entre los participantes del sector eléctrico, genera incertidumbre y vulnera la ejecución de inversiones”, apuntó también en un comunicado oficial.
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